Investigación penal Fernández por presunta irregularidad en contratos de seguros del Banco Nación
El fiscal federal Ramiro González ha dado un paso significativo al impulsar una investigación penal contra el ex presidente Alberto Fernández. Esta acción surge a raíz de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, quien señala la presunta contratación irregular de seguros del Banco Nación para la administración pública, mediante un gestor privado, quien además es el esposo de una de las secretarias del ex presidente.
En respuesta a la consulta del juez federal Julián Ercolini sobre dicha denuncia, González afirmó: “Tenga por efectuado el correspondiente requerimiento de instrucción e impulsada la acción penal por parte de este Ministerio Público, en orden al hecho descripto”.
La denuncia de Martínez no solo menciona a Alberto Fernández, sino también al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Se centra en la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados, y solicita la investigación por posibles delitos como violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia, basada en una investigación periodística, expone una red de contrataciones opacas en el rubro de seguros, una actividad que se afirma que Fernández conoce profundamente debido a sus antecedentes políticos en el área. Se estima que dentro de la ANSES se llevaba a cabo un negocio millonario, con cifras que ascienden a 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de intermediarios.
El fiscal González ha solicitado diversas medidas de prueba, incluida la solicitud de antecedentes y dictámenes jurídicos relacionados con el Decreto n° 823/2021, que regula la contratación de los seguros en cuestión. También ha pedido información a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, así como a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a Seguros Nación, con el objetivo de esclarecer los términos de los contratos y la participación de intermediarios en estas operaciones.
Este caso arroja luz sobre posibles irregularidades en la contratación de seguros por parte de entidades estatales, lo que subraya la importancia de una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos públicos.
