Cierre del Registro del Automotor N°1 de San Nicolás

En estos días, el Registro del Automotor N°1 de San Nicolás ha cerrado sus puertas. Un cartel en el frente de la sede anuncia la situación: “Se comunica que por decisión del Ministerio de Justicia de la Nación, de público conocimiento, este registro seccional se encuentra cerrado a la espera de su intervención. Ante cualquier duda dirigirse a la Dirección Nacional de los Registros Automotor y Créditos Prendarios”.

En la mañana de este lunes, dos empleadas que aún no habían recibido el telegrama de despido retiraron sus pertenencias del edificio, sumando incertidumbre al ambiente.

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La incógnita principal gira en torno al futuro de esta oficina: ¿cerrará definitivamente sus puertas o será intervenida? La situación se complica aún más debido a recientes despidos. Días atrás, cinco empleadas del Registro recibieron un telegrama que anunciaba su despido: “Mediante la presente comunico que a partir del día de la fecha (26 de abril) de recepción de la presente, queda despedida como colaboradora del Registro del Automotor N°1 de San Nicolás con causa en lo normado en el artículo 247 de la LCT. Motiva la presente, la desfinanciación por parte del Estado nacional del fondo operativo con que cuenta el Registro para funcionar, el cual desde el mes de enero del corriente se encuentra deficitario (en pérdida)”.

Cambios radicales en los Registros del Automotor: el Gobierno de Milei anunció medidas drásticas

El viernes pasado, se desató la controversia cuando el Gobierno encabezado por Javier Milei anunció una serie de medidas que impactarán directamente en los Registros del Automotor. La más impactante de ellas es el cierre del 40% de estos registros, comenzando por aquellos que han estado intervenidos durante más de dos años.

El Ministerio de Justicia, a través de un comunicado, informó que se llevará a cabo un proceso de reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor mediante planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Esta decisión, según explicó el Gobierno, tiene como objetivo reducir costos y eliminar trámites burocráticos.

Estas medidas se suman a otras recientes, como la eliminación del Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba a los ciudadanos a reportar la venta de sus vehículos a la AFIP. Además, se anunció la eliminación de la “cédula azul”, permitiendo que a partir de mayo, cualquier persona pueda circular dentro del territorio argentino exhibiendo solo la cédula verde del titular del automóvil. Asimismo, se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

Entre los cambios más destacados también se encuentra la transferencia de todos los costos operativos de los registros seccionales a sus titulares, con el objetivo de adecuar sus ingresos a las tareas desempeñadas y su productividad. El Ministerio de Justicia mantendrá un control constante sobre la estructura de costos de los encargados de los registros.

Además, se digitalizarán todos los legajos de vehículos para establecer un registro digital único y completo, lo que permitirá eliminar los legajos físicos. Se buscará también la adhesión de las provincias a un convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, reduciendo así el costo total de una transferencia hasta en un 70%.

El Gobierno de Milei también planea implementar un régimen de concursos transparentes para evitar la contratación de personas con cargos políticos en los últimos 10 años, así como sus familiares, y se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Otra medida destacada es la derogación del régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos, lo que se espera que mejore los precios al permitir la libre competencia de oferentes. Además, se digitalizará la verificación policial de vehículos en colaboración con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

Finalmente, se anunció un significativo aumento en el importe que obliga a los ciudadanos a informar al Estado sobre el origen de los fondos para adquirir un vehículo, en un esfuerzo por combatir la evasión fiscal.