Incumplimiento de la ley: colectivos de San Nicolás circulando sin las cámaras de seguridad
En medio del clima social y político que se vive en Argentina, el reciente asesinato del colectivero Daniel Barrientos y la posterior golpiza que recibió el Ministro Sergio Berni por parte de los compañeros del difunto han puesto en el centro del debate las condiciones en que se encuentran los choferes y choferesas del transporte público en el país.
En este contexto, no tardó en surgir la inevitable comparación con la situación en otras ciudades y provincias en cuanto a las medidas de seguridad. En abril de 2018, se reglamentó la ley 14.897 que obliga a las empresas de colectivos provinciales y municipales a instalar cámaras en el interior de sus vehículos de transporte público. Sin embargo, a pesar de que las empresas tenían un plazo de 12 meses para presentar un plan de adecuación, las dificultades económicas argumentadas por estas impidieron que se cumpliera con la disposición de las cámaras.
Recién en 2019, comenzaron a colocarse las primeras cámaras en algunas localidades bonaerenses, pero actualmente solo el 25% de los colectivos que circulan por la provincia de Buenos Aires cuentan con estos dispositivos de grabación.
En este sentido, la directora de la empresa concesionaria del servicio en San Nicolás, Lorena Vercelli, explicó que si bien estaban en conocimiento de la ley, nunca se exigió su cumplimiento debido a la complejidad económica de las empresas de transporte.
En cuanto a los subsidios entregados por el gobierno para la instalación de las cámaras, el líder sindicalista de UTA seccional San Nicolás, Tomás Lencina, denunció que se trata de promesas políticas que no se cumplen, mientras que Vercelli aseguró que a su empresa no le llegó una plata extra destinada exclusivamente para las cámaras.
Por su parte, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) exigió la inmediata colocación de las cámaras comprometidas y la colocación de cabinas blindadas para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte público. Finalmente, el Gobierno bonaerense anunció la puesta en funcionamiento de un centro de monitoreo para trabajar con los dispositivos de grabación digital, tras una reunión con funcionarios y dirigentes sindicales llevada a cabo en la Casa de Gobierno de La Plata. La comisión de seguimiento para poner en marcha la mayoría de las cámaras instaladas será liderada por la UTA y se espera que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios del transporte público en la provincia de Buenos Aires.
