La paciencia se agota: “Si en 48 horas no hay soluciones que abarquen todo el sistema del país, habrá medidas de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pospuso hasta el martes la definición sobre una posible medida de fuerza que podría afectar a todo el transporte público del interior del país. Mediante un comunicado, el gremio de choferes indicó que “habiéndose convocado a audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación para el próximo martes 08 de junio, a fin de resolver los pedidos sindicales, se ha resuelto el otorgamiento de un último plazo de espera hasta la referida audiencia”.

UTA espera una propuesta formal para el pedido de aumento salarial del 42 por ciento, similar al que ya obtuvieron los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y que se cubre con fondos nacionales.

Hasta ahora, la situación estaba frenada ante la ausencia de ofertas concretas para el gremio. Pero la reunión del miércoles entre los gobernadores y funcionarios provinciales con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, terminó con dos compromisos por parte del funcionario: estudiar un aumento de los subsidios y la declaración de la emergencia en los sistemas de todas las jurisdicciones del interior del país.

Los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Gerardo Morales (Jujuy) fueron los que realizaron los planteos más fuertes al ministro: más subsidios por parte del Estado nacional y una ley de emergencia que permita recuperar los aportes tal y como estaban hasta 2018. Guerrera aceptó estudiar esos pedidos, y se habría lanzado una cifra de incremento de subsidios: 30 por ciento más. Eso implicaría elevar los 1.600 millones actuales a poco más de 2.000 millones, a repartir entre las jurisdicciones fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Para ello, el ministro debería conseguir la autorización para acelerar la ejecución de los 20 mil millones de pesos presupuestados para todo el año, y luego solicitar una ampliación presupuestaria. Pero esa posibilidad sigue siendo insuficiente, según el cálculo que hacen en el gremio UTA y en el sector empresario nucleado en Fatap.

La entidad ya planteó en la audiencia paritaria del martes que no solamente hay que incluir el costo laboral extra de la paritaria del 42 por ciento que pretende el sindicato, sino las subas en insumos, principalmente el combustible, a lo que se suma la drástica caída en el corte de boletos.

“Como mínimo”, Fatap pide 4 mil millones de pesos mensuales.

RECLAMOS POR APORTES DE NACIÓN

Mientras tanto, este jueves continuaron las reuniones a nivel nacional para intentar resolver el conflicto. Hubo gobernadores que volvieron a reunirse con funcionarios nacionales. Y el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, convocó a sus pares de Rosario, Pablo Javkin, y de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Desde el entorno del intendente comentaron que hay extrema preocupación por el futuro cercano del sistema, ya que las empresas se están descapitalizando. Llaryora sostiene que la solución a este y a futuros conflictos es que el Gobierno nacional iguale las condiciones entre el Amba y el resto de las jurisdicciones, pero no solamente en subsidios: que al igual que en el Gran Buenos Aires, defina cuál tiene que ser la tarifa y que actúe en consecuencia, otorgando los fondos para afrontar la diferencia de los costos operativos.

“La suba que se dio a Amba es impagable para el interior del país”, sostienen en el Palacio 6 de Julio.

Más allá de ese pedido, es probable que prospere una tercera opción: un “esfuerzo compartido” entre Nación, provincias y municipios para intentar acercarse a la cifra que se necesita para cubrir el incremento salarial.

Habrá que esperar hasta el martes para ver cuál es la oferta que se tira en la mesa de negociación, y lo más importante: de dónde salen los fondos para solventarla.